La globalización, las innovaciones digitales, el cambio climático, entre otros factores, continúan transformando el mundo en el que trabajamos, planteando tanto retos como oportunidades para liberar el potencial económico que atesoran las mujeres para crear un futuro mejor. A continuación se exponen algunos datos sobre la situación actual de las mujeres en el cambiante mundo del trabajo.
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Pese a que la globalización ha ayudado a millones de mujeres a encontrar un empleo remunerado, el número de mujeres en situación de actividad es muy inferior al de hombres. Las desigualdades de género también han concentrado a las mujeres en el segmento inferior de la cadena de valor mundial: ocupan los puestos de trabajo peor remunerados, realizan trabajos subcontratados a destajo y trabajos poco estables por cuenta propia, con escaso o ningún acceso al trabajo decente y a la protección social. Las mujeres representan la mitad del potencial del mundo. Para liberarlo es necesario que tengan acceso a un trabajo decente, remunerado y de buena calidad, y también se necesitan políticas y regulaciones sensibles al género, como licencias de maternidad y paternidad adecuadas y horarios flexibles. Este tipo de medidas también tienen sentido desde el punto de vista económico: si las mujeres desempeñaran una función idéntica a la de los hombres en los mercados laborales, el producto interno bruto mundial anual podría aumentar en 28 billones de dólares estadounidenses (un 26%) de aquí a 2025.
A nivel mundial, las mujeres tienen mayor probabilidad de estar desempleadas que los hombres, si bien se observan amplias disparidades entre regiones. En 2015, alrededor de 197 millones de personas en edad de trabajar se encontraban desempleadas; esto supone 27 millones más que el nivel de paro anterior a la crisis financiera (2007). El desempleo juvenil resulta particularmente preocupante y puede tener efectos muy perjudiciales a largo plazo, como la pérdida de medios de vida, la pobreza o las repercusiones psicológicas: en 2015, la tasa de desempleo juvenil se situaba en el 13,1%, muy por encima de la tasa de desempleo mundial (5,8%). La disparidad de género es muy acusada en algunas regiones, como África del Norte y los Estados árabes, donde la tasa de desempleo juvenil de las mujeres casi duplica la de los hombres jóvenes, situándose próxima a un 44% pese al incremento del nivel educativo que se observa entre las jóvenes en dichas regiones. Esto sugiere que la educación, por sí sola, no puede superar las barreras estructurales que existen en los mercados de trabajo.
Las mujeres están concentradas en empleos menos remunerados, de menor cualifi-cación y mayor inseguridad laboral; además, están insuficientemente representadas en puestos con responsabilidad de toma de decisiones y en campos como la ciencia y la tecnología. Hoy en día, la mitad de la población activa a escala mundial trabaja en el sector servicios, un ámbito en el que predominan las mujeres. La proporción de mujeres en este sector llega al 77% en Asia Oriental y al 91,4% en América del Norte. Sin embargo, las ocupaciones de las mujeres varían de forma considerable por región y por nivel de ingresos: en los países de ingresos altos, las mujeres se concentran en los sectores de la salud, la educación y el comercio (tanto al por mayor como al por menor), mientras que en los países de ingresos bajos y medianos-bajos, las mujeres trabajan principalmente en la agricultura. La segregación sectorial y ocupacional es una de las consecuencias de las barreras estructurales y de la discriminación basadas en el género, como la pobreza, la falta de flexibilidad de los horarios de trabajo, el acceso limitado o nulo a servicios de cuidado infantil asequibles y de calidad, las deficientes políticas en materia de licencia de maternidad y paternidad y las actitudes sociales, entre otros mu-chos factores. El liderazgo y la representación de las mujeres en sindicatos, organizacio-nes profesionales y patronales y órganos de gobierno corporativos es crucial para de-fender los derechos laborales fundamentales y garantizar un trabajo decente para todas y todos.
A nivel mundial, las mujeres sólo ganan 77 céntimos por cada dólar que ganan los hombres. Esta es una causa fundamental de desigualdad en términos de ingresos a lo largo de toda la vida. Al ritmo actual, esta brecha tardará 70 años en cerrar. Las políticas laborales representan un factor crucial en este tema. Por ejemplo, las mujeres se enfrentan a mayores limitaciones para conciliar las responsabilidades familiares con el empleo remunerado. Las políticas restrictivas, como la falta de flexibilidad de los horarios de trabajo y las limitadas licencias de maternidad y paternidad, pueden impedir la movilidad de las mujeres en el seno de la fuerza laboral y arrastrarlas al empleo a tiempo parcial. A su vez, esto las expone a nuevas desigualdades, como el limitado acceso a la protección social, en particular a las pensiones de vejez. Las mujeres con hijas/os son más vulnerables a estas desigualdades, que también se conocen como "la penalización de la maternidad". En África Subsahariana y Asia Meridional, la brecha salarial de género es de un 31% y un 35%, respectivamente, para las mujeres con hijas/os, en comparación con el 4% y el 14% de las mujeres sin hijas/os.
Desde limpiar y cocinar hasta recoger agua y leña o cuidar de niñas/os y personas ma-yores, las mujeres asumen una carga desproporcionada de trabajo no remunerado en todo el mundo. El trabajo no remunerado sustenta la economía y a menudo suple la falta de gasto público en servicios sociales e infraestructura. De hecho, se calcula que el trabajo no remunerado y el empleo del hogar alcanzan un valor equivalente a entre un 10% y un 39% del producto interno bruto. Esto significa que puede contribuir más a la economía que la industria, el comercio o el sector del transporte. Además de que los hombres deben asumir una parte mayor de este trabajo, las políticas orientadas a reducir y redistribuir el trabajo no remunerado que realizan las mujeres y las niñas, ampliar el empleo remunerado en el sector de los cuidados y proporcionar protección social e infraestructuras básicas, como el acceso a agua limpia, son fundamentales para que las mujeres accedan al empleo remunerado, permanezcan en él y liberen todo su potencial económico.
La licencia de maternidad y paternidad y los servicios de cuidado infantil pueden ayudar a las familias a distribuir las responsabilidades de cuidado y atender sus prioridades laborales, así como permitir a las mujeres acceder al mercado laboral y permanecer en él si así lo deciden. Pese a que casi todos los países del mundo han adoptado alguna forma de legislación de protección de la maternidad, tan sólo 63 países cumplen las normas mínimas establecidas por la Organización Internacional del Trabajo, según las cuales las madres deben disfrutar al menos de 14 semanas de licencia de maternidad retribuida. Incluso en aquellos países que cuentan con leyes en esta materia, se calcula que tan sólo un 28% de las mujeres trabajadoras a escala mundial disfrutan actualmente de este tipo de licencias. Las políticas de licencia de maternidad y paternidad que posibilitan el reparto de responsabilidades de cuidado infantil entre ambos progenitores desempeñan un papel crucial a la hora de garantizar el bienestar personal y económico de las mujeres, las familias y las sociedades.
Las mujeres, sobre todo las migrantes, están insuficientemente representadas en el sector informal en todo el mundo. En los países en desarrollo, el sector informal es la principal fuente de empleo para las mujeres. El trabajo informal puede incluir a personas que trabajan por cuenta propia –como vendedoras/es callejeras/os, comerciantes de bienes y servicios de pequeña cuantía o agricultoras/es de subsistencia–, así como trabajadoras/es asalariadas/os en el empleo del hogar o en cultivos de temporada. Una de las formas más vulnerables de empleo informal es la contribución al trabajo familiar. A nivel mundial, las mujeres representan un 63% de este colectivo, que trabaja en negocios o explotaciones agrícolas familiares sin percibir una remuneración directa por ello. La economía informal, también denominada “economía gris”, queda fuera del ámbito de aplicación de las leyes laborales; en consecuencia, muchas personas quedan expuestas a salarios bajos, a condiciones de inseguridad laboral y sin acceso a prestaciones sociales (como las pensiones, la licencia de enfermedad o el seguro de salud). Las precarias condiciones de trabajo que se viven en la economía informal se ven agravadas por la discriminación laboral, el sexismo, el racismo y la xenofobia.
Las personas migrantes contribuyen al bienestar económico y social de las sociedades tanto en sus países de origen como de destino. El dinero (conocido como remesas) que las/os migrantes envían a sus hogares de origen puede mejorar los medios de vida de millones de personas y, a su vez, fortalecer las economías. En 2015, las/os migrantes internacionales enviaron unos 581.600 millones de dólares estadounidenses a sus familias en los países de origen. De esta cantidad, los países en desarrollo recibieron unos 431.600 millones de dólares, una cifra cercana al triple de la que se invierte en asistencia oficial para el desarrollo. Las mujeres migrantes tienen un peso mayor en la fuerza de trabajo global que las mujeres no migrantes; se concentran en sectores predominantemente feminizados de la economía informal, como el del cuidado y el sector de servicios. Uno de los grupos más vulnerables de trabajadoras/es migrantes son las/os empleadas/os del hogar; la inmensa mayoría son mujeres, que se ven sometidas a precarias condiciones laborales, largas jornadas de trabajo y un acceso limitado o nulo a la protección social. A escala mundial, un 57% de las/os trabajadoras/es del hogar carecen de limitaciones en cuanto a la duración de su jornada laboral. Un problema relacionado con lo anterior es la trata de trabajadoras/es a través de las fronteras: las personas migrantes y jóvenes tienen mayor probabilidad de caer en las redes de intermediarios laborales carentes de toda ética, quienes, a través de la coerción y el engaño, las exponen a contratos precarios y a muchas otras vulneraciones de sus derechos humanos y laborales.
La violencia contra las mujeres en el mundo laboral constituye una vulneración de los derechos humanos que afecta a las mujeres con independencia de su edad, ubicación, nivel de ingresos o condición social. Las mujeres pueden experimentar acoso o agresión sexual en el trabajo o en el trayecto de ida y vuelta a este. Pese a que muchos países cuentan con leyes o disposiciones para combatir este tipo de violencia, su repercusión es limitada. En la Unión Europea, por ejemplo, un 55% de las mujeres han experimentado acoso sexual en al menos una ocasión desde que cumplieron 15 años. De ellas, un 32% lo sufrió en el trabajo. La violencia contra las mujeres puede limitar su potencial económico y social y tener una incidencia significativa en su salud física y mental, que puede conducir al absentismo, la pérdida de oportunidades de promoción y la pérdida de puestos de trabajo.
En todos los países siguen existiendo barreras para la igualdad de género, tanto en la esfera pública como en la privada, y estos obstáculos tienen su origen en unas relacio-nes de poder históricamente desiguales entre las mujeres y los hombres. Las barreras legales se suman a las desigualdades de género, lo que se manifiesta en la asistencia de un menor número de niñas a la enseñanza secundaria en relación con los niños, meno-res cifras de mujeres ocupadas o dirigiendo negocios y una brecha salarial de género mayor. En la actualidad, continúa existiendo al menos una restricción legal basada en el género para el empleo y el emprendimiento de las mujeres en 155 países*; en 18 países*, los esposos pueden impedir legalmente que sus esposas trabajen; y solamente existen leyes contra la discriminación de género en las prácticas de contratación de mujeres en 67 países. Para que las mujeres puedan realizar todo su potencial económico, es necesa-rio que los países eliminen la discriminación contra las mujeres en su legislación, en con-sonancia con la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, el tratado de derechos humanos de las mujeres que obliga a los países a adoptar medidas concretas para el adelanto de la mujer en vida pública y privada.
Las mujeres se encuentran excesivamente representadas en el 73% de la población mundial que carece de acceso a la protección social o sólo disfruta de un acceso par-cial a ésta; esto las expone a una mayor vulnerabilidad a la pobreza y a otras desigual-dades. Las barreras específicas de género pueden ejercer un efecto dominó en el tipo y grado de protección social que recibe una mujer a lo largo de su vida. A modo de ejemplo, debido a su menor participación en el mercado laboral y a su tendencia a cobrar salarios inferiores y a disfrutar de un acceso menor que los hombres al crédito y a otros recursos, las mujeres pueden enfrentarse a una inseguridad mayor en términos de in-gresos y tener menos acceso a (y cobertura por parte de) los instrumentos de protec-ción social de carácter contributivo, como las pensiones, la prestación por desempleo o incluso el seguro de salud. Muchas terminan por caer en la pobreza. En torno al 65% de la población mundial que ha superado la edad de jubilación y no recibe ningún tipo de pensión ordinaria está compuesta por mujeres. Esto significa que 200 millones de muje-res de edad avanzada viven sin ingresos regulares procedentes del sistema de protec-ción social, frente a 115 millones de hombres.
La automatización, la inteligencia artificial, la robótica e internet, entre otras nuevas tecnologías, han transformado el mundo laboral, planteando tanto desafíos como oportunidades para el empoderamiento económico de las mujeres. Pese a las brechas de género que existen en el acceso a (y la utilización de) las tecnologías digitales, esas mismas tecnologías eliminan las barreras geográficas, que pueden ser tanto beneficiosas como perjudiciales para las mujeres. Echemos un vistazo al modelo de trabajo que se observa en la denominada "economía de los pequeños encargos", que tiene lugar a través de plataformas en línea que conectan a las empresas con trabajadoras/es a escala mundial, proporcionando a las personas oportunidades de generación de ingresos con independencia de dónde se encuentren. Sí, la mayoría de estas/os trabajadoras/os son contratistas que trabajan por cuenta propia y carecen de protecciones laborales, por lo que son más vulnerables a los riesgos y responsabilidades asociados a las operaciones que desarrollan con sus clientes. En este tipo de economía las desigualdades de género que ya sufren las mujeres solamente se ven reproducidas (cuando no agravadas), ya que se trata de un sector que, en su mayor parte, ha eludido la protección laboral y la regulación del empleo. Dado que se trata de un espacio que sigue evolucionando, las mujeres necesitan enfrentarse a él con la educación, la capacitación y las aptitudes profesionales y empresariales requeridas para lograr idénticos resultados que los hombres y aprovechar las nuevas oportunidades a medida que surjan.
